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21 de Noviembre

Comisión debatió regulaciones a financiamiento cultural

Autor | Informa al minuto: Equipo-de-prensa-informa-al-minuto

Fuente imagen | Informa al minuto:  Servicio Nacional del Patrimonio Cultural

La iniciativa que analiza Cultura busca impedir el financiamiento estatal de actividades culturales y artísticas que incluyan, total o parcialmente, espectáculos pornográficos o contenidos de explotación comercial de carácter sexual explícito.

La iniciativa establece requisitos de elegibilidad para acceder a financiamiento público en el ámbito cultural y artístico. Durante la discusión, parlamentarios plantearon dudas sobre el alcance de las restricciones y la necesidad de precisar la definición de pornografía.

 

La Comisión de Cultura de la Cámara de Diputadas y Diputados analizó un proyecto de ley que busca establecer requisitos para acceder a financiamiento cultural y artístico del Estado, impidiendo la entrega de recursos públicos a iniciativas que contemplen la realización, promoción, producción, exhibición o difusión de espectáculos pornográficos.

 

La moción, correspondiente al boletín 18.622, considera tanto actividades cuyo contenido principal sea de carácter pornográfico como aquellas que incorporen este tipo de expresiones en alguna de sus partes. Asimismo, propone excluir del financiamiento estatal la explotación comercial de contenidos sexuales explícitos.

 

El proyecto define como espectáculo pornográfico toda actividad que incluya la exhibición explícita de actos sexuales reales o simulados, órganos genitales o conductas de contenido sexual, además de representaciones individuales o colectivas de situaciones eróticas o de connotación sexual.

 

Durante la sesión participó el subsecretario de Educación, Daniel Rodríguez, quien también preside el Consejo de Calificación Cinematográfica. La autoridad recordó que la legislación vigente contempla una definición de pornografía que, a su juicio, es más precisa que la propuesta en la iniciativa parlamentaria.

 

Desde la Subsecretaría de Educación valoraron la moción, señalando que permitiría establecer de manera permanente una medida que actualmente se aplica mediante disposiciones administrativas en los instrumentos de financiamiento del Ministerio de las Culturas.

 

Asimismo, plantearon que la regulación constituye una medida preventiva para resguardar el correcto uso de los recursos públicos, sin representar una forma de censura previa, ya que no impide la realización de estas actividades, sino que limita la posibilidad de financiarlas con dineros estatales.

 

Sin embargo, durante el debate, parlamentarios manifestaron inquietudes respecto del alcance de la propuesta. Advirtieron que su redacción podría extender las restricciones más allá del ámbito audiovisual, afectando eventualmente otras expresiones culturales, como obras literarias o textos relacionados con educación sexual.

 

En esa línea, plantearon la importancia de precisar el concepto de espectáculo pornográfico para evitar interpretaciones demasiado amplias o discrecionales al momento de aplicar la normativa. También hubo quienes señalaron que la legislación actual ya contempla mecanismos de regulación en esta materia.

 

Por otra parte, algunos integrantes de la comisión respaldaron el objetivo de impedir que recursos públicos sean destinados a este tipo de iniciativas, argumentando que la propuesta no prohíbe la producción ni exhibición de dichos contenidos, sino que establece condiciones para acceder a financiamiento estatal.

 

Comisión también aprobó proyecto que endurece penas por daños a monumentos nacionales:

 

En la misma sesión, la Comisión de Cultura aprobó en general otro proyecto de ley que modifica el Código Penal y la Ley 17.288, sobre Monumentos Nacionales, con el propósito de aumentar las sanciones por la apropiación o destrucción de este tipo de bienes y fomentar las denuncias.

 

La iniciativa, correspondiente a los boletines 15.025, 17.710 y 18.403, contempla penas de cárcel y multas que van desde las 100 hasta las 400 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), las que podrían duplicarse en caso de reincidencia.

 

Además, establece la obligación de reparar los daños ocasionados y permite que cualquier persona pueda denunciar estas infracciones. Como incentivo, propone entregar el 80% de la multa aplicada a quien aporte antecedentes suficientes para acreditar el delito e identificar a sus responsables.

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