Piden generar un mecanismo excepcional para agilizar la reconstrucción ante emergencias

El Senado aprobó dos proyectos de acuerdo orientados a enfrentar las consecuencias de catástrofes en el país, poniendo el foco en la agilización de la reconstrucción y en el fortalecimiento de la protección a voluntarios. Las iniciativas surgen en medio de los reiterados desastres naturales que han afectado distintas zonas, generando presión política para reducir trabas administrativas y mejorar la respuesta del Estado.

En materia de reconstrucción, las y los senadores respaldaron una propuesta que solicita al Presidente de la República adoptar medidas para acelerar la reposición de infraestructura pública dañada por los incendios forestales en las regiones de Ñuble y Biobío. El documento destaca que la rehabilitación de escuelas, centros de salud, servicios básicos y obras de conectividad es fundamental para que las comunidades puedan retomar la normalidad tras la emergencia.

El texto advierte que uno de los principales obstáculos para avanzar con rapidez es la fragmentación de los procesos administrativos, especialmente en la evaluación social de proyectos necesaria para obtener la Recomendación Satisfactoria (RS). Según se expone, estos procedimientos, diseñados para contextos ordinarios, terminan retrasando la ejecución de obras en escenarios de emergencia.

Ante esta situación, los parlamentarios plantean la necesidad de implementar mecanismos excepcionales que permitan aprobar múltiples iniciativas mediante un solo pronunciamiento técnico, reduciendo así la burocracia y facilitando la ejecución simultánea de proyectos de reconstrucción en zonas afectadas por catástrofes.

En paralelo, la Sala también aprobó por unanimidad un segundo proyecto de acuerdo enfocado en la Defensa Civil de Chile, solicitando al Ejecutivo impulsar una reforma legal que reconozca formalmente la calidad de voluntarios de sus integrantes y establezca un sistema de protección integral para ellos.

La propuesta releva el rol de esta institución, que cuenta con más de 2.700 voluntarios activos dedicados a labores de prevención, respuesta y rehabilitación frente a emergencias como incendios, inundaciones y otras calamidades. Sin embargo, se advierte que la normativa actual no contempla cobertura en caso de accidentes, enfermedades o fallecimiento durante el servicio.

Por ello, el proyecto busca otorgar a los voluntarios el estatus de servidores públicos honorarios, junto con garantizar derechos como seguros de accidentes, atención médica gratuita, subsidios por incapacidad e indemnizaciones. La iniciativa apunta a reconocer y resguardar de manera efectiva a quienes cumplen un rol clave en la gestión de emergencias a nivel nacional.