Una nueva arista se abre en la causa por la desaparición de Julia Chuñil Catricura, defensora ambiental y líder mapuche de 72 años, cuyo rastro se perdió hace casi un año en la comuna de Máfil, región de Los Ríos. Según revelaron las abogadas querellantes del caso, una interceptación telefónica reciente daría cuenta de que uno de los sospechosos habría reconocido que la mujer fue quemada.
La información fue dada a conocer por Karina Riquelme, abogada de la familia Chuñil, quien relató que el pasado lunes 15 de septiembre lograron acceder a un documento clave alojado en el sitio web del Ministerio Público. El archivo contenía registros de dos llamadas telefónicas interceptadas en el marco de la investigación. Una de las comunicaciones fue dirigida al padre de Juan Carlos Morstadt, dueño del predio donde la activista fue vista por última vez. La otra llamada se realizó a una mujer que, hasta la fecha, no ha sido identificada por las autoridades.
Las juristas solicitaron más antecedentes al Ministerio Público, pero acusaron que tras su consulta fueron bloqueadas del sistema de consulta de Fiscalía en Línea, lo que ha generado preocupación por una posible falta de transparencia en el manejo del caso. Desde entonces, no han podido acceder a nuevos documentos oficiales, lo que limita su participación en la investigación como parte querellante.
Julia Chuñil fue vista por última vez el 8 de noviembre de 2024 en el sector Huichaco Sur, acompañada de su perro “Cholito”. Desde su desaparición han pasado casi diez meses sin avances concretos. Ante este panorama, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado chileno que redoble sus esfuerzos para esclarecer lo ocurrido y garantizar una investigación eficaz.
El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Yerko Ljubetic, confirmó que el organismo continúa monitoreando el caso y destacó que se está evaluando destinar recursos adicionales para implementar un sistema de búsqueda más avanzado, que permita al Ministerio Público continuar con las diligencias de manera más efectiva.
No obstante, Ljubetic advirtió que algunas de las acciones adoptadas han generado roces con comunidades mapuche del sector, señalando que ciertas diligencias no contribuyen a esclarecer los hechos y solo tensionan la relación entre las autoridades y los pueblos indígenas. Esta preocupación fue transmitida formalmente al fiscal nacional, Ángel Valencia, y a la fiscal regional, Tatiana Esquivel, solicitando que las próximas etapas de la investigación consideren el contexto intercultural y el respeto a los derechos de las comunidades.
A medida que el tiempo avanza y no hay resultados concretos, crece la preocupación por la posibilidad de que el caso de Julia Chuñil quede en la impunidad. Su familia, las comunidades que la acompañaban en su labor ambiental, y organismos nacionales e internacionales de derechos humanos exigen respuestas claras y una investigación diligente que no ignore el trasfondo territorial, político y de género que podría estar vinculado a su desaparición.