Registro de actos vandálicos: “La mano cambió y las incivilidades se tienen que acabar”

La Comisión de Seguridad Ciudadana continúa el análisis del proyecto de ley que crea el Registro de Actos Vandálicos e Incivilidades (boletín 18341), una iniciativa que busca consolidar la información relativa a condenas y sanciones por conductas que afectan la convivencia, el orden público y los bienes comunes. Durante la sesión participaron el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, y el subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, quienes expusieron los principales alcances de la propuesta.

Según explicó el subsecretario Pavez, el objetivo del proyecto es establecer consecuencias administrativas temporales para quienes integren este registro, vinculando el acceso a determinados beneficios financiados con recursos públicos y trámites administrativos al respeto de normas básicas de convivencia. El registro será administrado por el Servicio de Registro Civil y tendrá carácter parcialmente público, permitiendo que cualquier persona solicite información mediante los mecanismos de acceso a la información pública. No obstante, los antecedentes específicos de las causas y los datos que permitan identificar a menores de edad permanecerán reservados.

La iniciativa distingue entre actos vandálicos e incivilidades. Dentro de los actos vandálicos se incluyen delitos contra la autoridad, bienes públicos, profesionales de la salud y la educación, además de daños a la propiedad. Las personas condenadas por estas conductas permanecerán inscritas en el registro durante cinco años, plazo que se reducirá a dos años en el caso de menores de edad.

Respecto de las incivilidades, el proyecto contempla infracciones conocidas por juzgados de policía local y juzgados de garantía. Entre ellas se encuentran el depósito de escombros en espacios públicos, el consumo de alcohol en la vía pública, la realización de loterías no autorizadas y el consumo de drogas en lugares públicos. En estos casos, la permanencia en el registro será de un año.

Las personas incorporadas al Registro de Actos Vandálicos enfrentarán restricciones para acceder a diversos beneficios estatales, entre ellos subsidios habitacionales y de arriendo, becas de educación superior y postgrado, fondos concursables en áreas como cultura y ciencia, licencias de conducir, pasaportes y beneficios tarifarios en el transporte público. Asimismo, se contempla la pérdida de pensiones de gracia, la retención de devoluciones de impuestos por multas impagas y la prohibición de asistir a espectáculos masivos, partidos de fútbol profesional y casinos de juego.

El proyecto también establece un régimen agravado para quienes sean condenados por delitos de mayor gravedad, como incendios, ataques contra autoridades, usurpación de inmuebles fiscales o educacionales, uso de explosivos, tráfico de drogas y comercio ilegal organizado. En estos casos, además de las restricciones anteriores, los infractores perderían el acceso a la gratuidad en la educación superior y a la Pensión Garantizada Universal (PGU). La propuesta considera, además, períodos más extensos de permanencia en el registro para quienes reincidan en estas conductas.

El debate parlamentario evidenció posiciones encontradas. Diputados de oposición expresaron reparos al proyecto, argumentando que podría confundirse la sanción con la exclusión social y transformarse en un mecanismo de disciplinamiento estatal. También cuestionaron la constitucionalidad de algunas disposiciones y la proporcionalidad de las sanciones, señalando que conductas de distinta gravedad podrían recibir consecuencias similares.

Asimismo, algunos parlamentarios plantearon la necesidad de definir con mayor precisión los conceptos de actos vandálicos e incivilidades, advirtiendo que la iniciativa carecería de evidencia suficiente sobre su efectividad y que no contribuiría a la reparación del daño ni a la reinserción social de las personas sancionadas.

En contraste, legisladores que respaldan la propuesta sostuvieron que esta busca enfrentar conductas que deterioran los espacios públicos y afectan el uso de bienes comunes. A su juicio, quienes dañan bienes financiados por toda la comunidad no deberían acceder a determinados beneficios estatales. También destacaron que el proyecto respeta el debido proceso y que existe respaldo ciudadano para implementar medidas de esta naturaleza.

Al cierre de la discusión, el subsecretario Máximo Pavez afirmó que el Gobierno pretende enviar una señal clara en favor del orden público y la convivencia. En ese sentido, sostuvo que el país se acostumbró a tolerar ciertas incivilidades y que la iniciativa busca marcar un cambio de criterio frente a estas conductas. Además, aseguró que las observaciones sobre eventuales problemas constitucionales cuentan con explicaciones o soluciones dentro del marco de la propuesta legislativa.